Balance de ley contra el bullyng

Balance de ley contra bullying: denuncias por violencia bajan por primera vez En noviembre de 2012, una escolar de octavo año básico, de un colegio subvencionado de Santiago, relató que sus compañeras le habían hecho una “encerrona” en el baño. Una mera vez desde invitación a practicar “juego de pololas”, como le llamaban las muchachas, que no era otra cosa que juegos de connotación sexual. La dirección del colegio, un establecimiento religioso, tomó cartas en el asunto: llamó a los padres y entrevistó a cada una de las niñas. Además, denunció el hecho a la justicia, la que recomendó que cada familia se sometiera a un tratamiento sicológico por varios meses. El objetivo era que, por un lado, la víctima pudiera superar el daño sufrido y, por otro, que se efectuara una intervención en la familia de la menor que había liderado el juego. Las indagaciones habían concluido que ésta escolar veía contenidos no apropiados para su edad en televisión y ocupaba sola el computador, hasta altas horas de la noche. Es un ejemplo de cómo está funcionando la ley del bullying, que ya lleva más de un año de vigencia, y que establece, entre otros, que los colegios deben denunciar el acoso escolar cuando es constitutivo de delito, por ejemplo, cuando hay lesiones graves o violencia sicológica. De lo contrario, se exponen a multas de hasta 500 Unidades Tributarias Mensuales ($200 millones). En 2012, su primer año de funcionamiento propiamente tal, las denuncias por violencia escolar ante el Mineduc y la superintendencia (desde que ésta fuera creada, en septiembre) llegaron a 4.320. La cifra es 3% más baja en comparación con 2011 y rompe, por primera vez, la tendencia al alza que venía desde 2009, cuando hubo dos mil denuncias. “El descenso es un buen síntoma. Hay cada vez más conciencia de parte de los colegios y de la comunidad en general de que se trata de un tema relevante”, dice el superintendente de educación escolar, Manuel Casanueva. Si bien no hay estadísticas centralizadas de cuántos colegios denunciaban antes este tipo de caso, en la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), tienen algunas estimaciones. “El año pasado, con la vigencia de la ley, registramos en Santiago entre 8 y 9 casos de colegios que denunciaron ante la justicia”, dice Rodrigo Díaz, abogado de la entidad. Según sus cálculos, la cifra es un 40% más alta de lo registrado en años anteriores.